Preparan un proyecto de ley para typificar como delito al “lawfare” | A legal shield against judicial persecution

The imperious need to typify as a crime the legal war, popularized under the name of “lawfare”, congregó ayer a deputados, abogados, fiscales y embajadores argentinos, junto a dirigentes políticos latinoamericanos –perseguidos por este mecanismo–, a un singular intercambio de saberes. Con el formato de una audiencia pública, convocada por la diputada Gisela Marziottalos oradores, frente a representatives of the civil society, unions and social movements, analyzed the mechanisms of judicial harassment, amañado al hostigamiento mediático of a political decision, tras una pregunta argumentativa: ¿Puede el lawfare ser tipificado como delito? During his intervention, Marziotta explained that what is “in danger” is not only the popular government but also the democratic system: “si hay lawfare no hay democracia“. “El peligro que encierra es más enorme y está sucediendo a nivel regional, no nos pasa solo a nosotros. Hay un plan detrás del lawfare”, expresó, y llamou a todos los espacios politicos a debatir un problema que “no es partisan” y que trasciende “las fronteras del Frente de Todos y Todas”.

Las presentaciones, que officiaron de respuesta; entre ellas la del constitucionalista Eduardo Barcesatla del fiscal general Alejandro Alagia, the representatives of Ecuador and the Plurinacional State of Bolivia; they sought “llenar ese vacio que todavía tenemos respecto del lawfare” as Marziotta pointed out at the beginning of the encounter, motivated by the escalation of violence whose highest point was the intent of magnicidio perpetrated against the vice president Cristina Fernández de Kirchner. Y al mismo tiempo apuntalar el proyecto de ley que lleva adelante el deputado Ramiro Gutiérrez (FdT), destinado a frenar el uso de “illegales herramientas” para perseguir a popular leaders, que se presentaría en la Cámara baja la próxima semana.

The proposal of deputy Gutiérrez, who opened the round of presentations at noon in the 2nd year of the Annex of the Congress of the Nation, hizo foco en the need to establish a punishment “for those who decide to deteriorate the prestige of a person or the institutional order of a country”, para que vaya “más allá de una multa como hoy prevé el Código Penal”. Señaló a los jueces que en una “acción maliciosa” y abusando del poder de su cargo se fundan en falsedades para dictar sentencias. “Hasta ahora la pena era una multa -puntualizó Gutiérrez-, que ahora sea la cárcel“, sentence.

A su lado la diputada Paula Penacca, parliamentary secretary of the block of FdT, defined the reunion as part of the activities that “guide the construction of laws”. Meanwhile, María Rosa Martínez -vice president of the Commission of DD.HH.- described the escalation of violence that began “with the attack on the Instituto Patria” and extended to the armed forces between the Justice and the media for which, the order for the conviction of the fiscal Diego Luciani , fue transmittedo “como en cadena nacional”, pero no so la defense de CFK.

Tras el saludo de Germán Martínez, jefe de bloque del FdT en Diputados, grado en video por su viaje al Chaco, commenzaron las presentaciones. El primero en contestar la pregunta que motivó la reunion fue Barcesat, quien no dudó en dar su voto positivo a la proposal. Remitió al debate que provocó el concepto del “desaparecido” en la Justicia, para poder traversar la “demonización del desaparecido” imposed socially. E identificó en la doctrina militar estadounidense la construcción material y conceptual del lawfare. Barcesat took as an example ex-judge Sergio Moro who in Brazil sostuvo during the trial of Lula da Silva: “No tengo pruebas, pero tengo convicción”. Lula was arrested, but this judicial process “se concretó en un escritorio, no hubo juicio”, said the prosecutor Alagia. There, “the need to devolve dignity to the discourses of legal practices”, shared Barcesat.

La amalgama del lawfare “con la comunicación pública y la pata económica, se sosteine ​​en la pata podrida del poder judicial” sostuvo el constitucionalista. “La otra es la embajada de Estados Unidos” describió. Sobre ese esquema se monta la puesta en escena de una ficción destinada a horadar el prestigio de un líder popular. Y se expande a través de discursos de odio que sedimentan “los inventos” en la sociedad que los absorbe a través de los medias, considering them como “sus propias conclusions”.

La aseveración contenida en este esquema recorrió la majoia de las presentaciones. Junto a la necesidad de denominar al “proceso de guerra judicial o persecución política o jurídica”, por su nombre en nuestro idioma, y ​​dejar de llamarlo lawfare. “Ese nombre es inglés y necessitamos también descolonizar el lenguaje“, sostuvo el fiscal Alagia. Al historizar este type de persecuciones en la Argentina -desde el primer peronista gobierno pasando por el golpe del ’55, el golpe del ’76 y las leyes de Punto Final–, dejó en evidencia la “garantía de impunidad” que establecen sobre quienes cometen el delito de accusar sin pruebas, para imponer o sostener un modelo económico antipopular.

“La guerra jurídica siempre es illegal”, said Alagia. Anula el principio de inocencia, installa la prisión preventivea como parte del proceso legal, y estas arbitrariedades están facilitadas por estructuras judiciales, added Alagia. “Lula va preso y asume Bolsonaro” sumó la periodista Telma Luzzani, al relatar el panorama regional. Los casos de Brasil, Ecuador y Bolivia anteceden al intento de magnicidio sobre CFK. Y desgrano a partir de ellos el modo en que la practica mediática se convertivo en instrumento diseminador, incentivando a gredir de manera “systemática, constante y massive”.

Las experiencias latinoamericanas fueron convalidadas a través de videoconferences, por quienes vivieron juridical persecution: Gabriela Rivadeneira –expresidenta del parliament ecuatoriano y hoy asilada política en México— coincidió en la necessidad de typificar el delito de persecución jurídica. Y se explayó en los encuadres “geopoliticos y geoeconómicos” que la definen. Susana Riveroex-minister and deputy of the Plurinational State of Bolivia, and lawyer of Evo Morales, sostuvo que “se impone establizador una tipología para un ajuste normativo del lawfare. It is imperative to legislate on this practice”, he pointed out, detailing the process that culminated in Bolivia with the State coup in 2019. The legal war, destacó, busca “detener los processes populares de Latinoamérica, que desechan el modelo neoliberal”.

Forced trials that intend to destroy the public image of a person, and the annulment of “the presumption of innocence through the media, is perhaps one of the most dangerous strategies, because they installed this in the collective idea to dynamit the popular confidence in them.” leader This is the constitutive part of the mechanism,” said Rivero.

Participaron también por videoconference el argentino embajador en Venezuela, Oscar Laborde and the ambassador in Ecuador, Gabriel Fucks who pointed out “la valentía y el coraje de proponer esta ley”. Dejó claro que la manera de frenar el lawfare “es abrir el debate”. Y remitió al allegato del fiscal Luciani, quien ya “desde el tono y la gestualidad proponía una condena. Y hoy intendan transformarlo en un héro civil”, lamentó.

El rol del periodismo fue abordado por la periodista y escritora María Seoane. Hubo “35 libros escritos against CFK, 548 false judicial denunciations, cerca de mil horas de televisión inoculando odio en la más intense y pertinaz persecución mediaática de la historia”, acertó Seoane desde la lectura de un detailedo y expresivo recorrido histórico. Y dejó el cierre, de tono político, para los referentes sociales Alberto “Coco” Meneses y Víctor Canteroy los deputados Matías Barroetaveña y Rodolfo Tailhade.

“Avanzar en transformar el poder judicial” es una urgencia, sentenció Tailhade. “Y esto se logra con participation popular. Tenemos que promover leyes para lograr más participation ciudadana en defensa de los intereses nacionales. Porque jueces y fiscales defienden los intereses del dominante sector”, agregó. Y charged against the judge Eugenia Capuchetti who “a 24 hours of the most important criminal event of the last decades deja perder la evidence”, por el cellul del imputado. En esa línea, completó: “It took three days to identify the girlfriend of “Chico, que pudo borrar sus redes sociales, su celular, ir a la TV. Y no están detenidos los amigos”.

“La derecha permanentemente apeló a las fuerzas armadas para hacerse del poder, para retroceder en lo que el pueblo avanzaba en terminos democráticos”, describíó Barroetaveña. “Hoy utilizan este esquema que no es nuevo, porque el poder siempre exerció el peso de la Ley contra el pueblo” he pointed out. Y exhortó abrir el debate con este tipo de encuentros: “The right to speak is the essential tool of democracy, y les vamos a demosras que no nos van a poder vencer”, he concluded.

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